Conoce la Red

Con la colaboración y el liderazgo en cada materia de los mejores grupos de académicos, la RED centrará su atención en diversos debates abiertos en relación con la pena de muerte, tales como los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a este castigo, las experiencias de moratorias y de abolición de la pena de muerte en determinados Estados y regiones (Grupo Abolición de la Pena de muerte, dirigido por el Prof. Arroyo Zapatero; y Grupo La Pena de muerte en el Derecho Penal Internacional, dirigido por la Porfª. Gil Gil), la relación entre la pena de muerte y determinadas circunstancias como el género (Grupo Mujeres, Cárceles y Cumplimiento de penas), la minoría de edad, la orientación sexual o la raza, la política diplomática internacional en torno a la pena de muerte, la cooperación internacional entre Estados y otros agentes a favor de la abolición y, finalmente –entre muchos otros temas-, el debate de la sociedad civil sobre este castigo. Pero la pena de muerte no es el único exceso de la crueldad con que el Derecho penal contemporáneo golpea a las sociedades.

La RED no es ciega a esta nueva tendencia punitivista que se presenta en forma de exasperación de las penas, introducción de nuevas medidas seguridad, deslizamiento del Derecho penal moderno hacia un Derecho penal de autor, de la culpabilidad y de la peligrosidad (Grupo Derecho Penal de la peligrosidad, dirigido por la Prof. Martínez Garay), revisión restrictiva de los regímenes penitenciarios o aumento de los márgenes de actuación de las fuerzas policiales (con creación, incluso, de auténticas circunstancias de inmunidad policial). Esta oleada internacional punitivita, que está presente en la perspectiva europea y se filtra en las legislaciones estatales (Grupo Instituto Vasco de Criminología, sobre adaptación del derecho penal nacional al derecho penal europeo) será objeto de estudio por los integrantes de la RED, que representan a los mejores grupos sobre política criminal, garantías penales y derechos humanos del panorama científico español. Se trata de leer las nuevas tendencias del derecho penal contemporáneo desde la perspectiva del humanismo penal y con el umbral insuperable del respeto a las garantías penales básicas conquistadas en los últimos siglos, y que deberían ser irrenunciables. Para ello, la Red cuenta con dos grupos de primer nivel: el Grupo Seguidores de Dorado Montero, que dirige el Prof. Berdugo Gómez de la Torre, y el Grupo Principios y Garantías Penales, que dirige la Profª. Pérez Manzano.

Así pues, el núcleo es la propuesta científico-técnica que se presenta, la actuación de la Red y de sus integrantes a favor de la abolición de la pena de muerte y de los castigos o penas crueles se dirige a tres cuestiones centrales:

a) Pena de muerte.

 La abolición de la pena de muerte sobre la base del derecho penal internacional de los derechos humanos (concretamente, las salvaguardias del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP-). Se trata de estudiar y sacar a la luz el núcleo duro de la interdicción de la pena de muerte: las salvaguardias del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como parte del ius cogens y la prohibición de penas crueles, del art. 6, que representa un mandato inequívoco sobre los límites en el uso de la violencia por parte del Estado.

La RED celebraría un encuentro científico internacional para discutir acerca de la utilidad de estos argumentos de derechos internacional de los derechos humanos como ejes del proceso de abolición de la muerte, coordinando y poniendo en contacto a los expertos en la materia en las distintas disciplinas del derecho penal, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, junto a los centros de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

b) Condiciones de legitimidad de las penas alternativas a la abolición, especialmente de la prisión perpetua.

Se considera ineludible, junto al impulso del proceso de abolición de la pena de muerte, profundizar en el estudio de la cadena perpetua/permanente y otras penas de naturaleza similar como sustitutivas de la pena capital, cuya aplicación aumenta en todas las regiones del mundo pese a representar igualmente castigos crueles, inhumanos y degradantes, en un claro fraude de etiquetas. La RED quiere coordinar y poner en contacto a todos los agentes (expertos, abogado de derechos humanos, institutos y observatorios de derechos humanos y Gobiernos) para conectar esfuerzos que pongan de manifiesto esta peligrosa dinámica.

 Además, la generalización de la prisión perpetua y de penas de larga duración introduce otro grave problema en el sistema de justicia penal: la posibilidad del error de las condenas, que, por tratarse de castigos de larga duración, e incluso a perpetuidad, añaden un componente adicional de crueldad a la pena. La RED quiere estudiar detenidamente un modelo de institución que se ha creado en diversos países (Reino Unido, paradigmáticamente), a modo de comisión de revisión de casos penales, encargada de revisar condenas de larga duración en casos donde existe “una duda razonable” acerca de la justicia de esa condena penal (manipulación de testigos, pruebas del ADN gracias a los avances científicos, labor incorrecta de indagación de la policía…). El estudio comparado de estas instituciones vitales para la corrección y enmienda de errores judiciales que pueden ser definitivos para la vida de los injustamente condenados es un reto ineludible en el ámbito de la pena de muerte y de las penas alternativas. La RED aspira a poner esta cuestión en el centro del debate internacional en un encuentro científico los sistemas de justicia criminal y de revisión de condenas de larga duración, coordinando a las instituciones y agentes que trabajan en estas Comisiones, para crear un auténtico modelo de mejores prácticas (best practices) que pueda ser conocido y compartido internacionalmente.

c) Observación y análisis de las penas de muerte de facto por los agentes de la seguridad del Estado en el ejercicio de la fuerza letal – ejecuciones extrajudiciales- y, en su caso, por instancias externas concertadas con él.

Estas muertes pueden representar una elusión de facto de la prohibición de la pena de muerte. En España hemos visto recientemente cómo uno de los atentados terroristas más graves de los últimos años se saldaba con la muerte de los terroristas como consecuencia de la actividad policial. Se trata de un problema de hechos tanto como de formulación jurídica y jurisprudencial de las limitaciones legales del uso de la fuerza letal en las circunstancias de ejercicio del cargo y legítima defensa de la policía. La cuestión abarca fenómenos directamente criminales, como el más extremo de los casos de los homicidio de traficantes de drogas o vinculados con ello (Filipinas, por instrucción de su propio presidente), los homicidios policiales en las tareas de identificación y vigilancia policial (como es el caso tan frecuente en los Estados Unidos con los homicidios policiales de afroamericanos y latinos), y, por último los supuestos de muerte de los delincuentes en el curso de enfrentamientos armados con la policía (como en el caso de Brasil).